Asamblea Torrespaña de la sección sindical de UGT de RTVE.

 

Asamblea Torrespaña de la sección sindical de UGT de RTVE.

Madrid, 10 de febrero de 2010

RESOLUCIÓN:

La asamblea de afiliados de la sección sindical UGT de RTVE en Torrespaña, reunida el 10 de febrero, ha tenido conocimiento y debatido sobre el Acuerdo Social y Económico (ASE), concluido por los representantes de la UGT, CC. OO., el Gobierno de España y de las organizaciones patronales en el marco del Diálogo Social. En este pacto, al acuerdo para la reforma del Sistema Público de Pensiones se añaden otros acuerdos sobre negociación colectiva, función pública, políticas de empleo y “otras materias de índole laboral” (es decir, sobre la aplicación de la reforma laboral contra la que se convocó una huelga general el 29 de septiembre de 2010).
La asamblea ha expresado su disconformidad y preocupación por hecho de que los órganos confedérales de la UGT hayan ratificado la firma de dicho Acuerdo y ha aprobado la actitud de los representantes de nuestra federación (la FeS) de votar en contra de dicha ratificación en el Comité Confederal.
 Constata que del texto y del propósito del ASE se desprende un gravísimo ataque a los derechos y conquistas de los trabajadores, arrancados mediante duras luchas de clase. En efecto, tras la congelación de las pensiones para 2011, el Acuerdo conlleva el mayor ataque a las pensiones desde el fin de la dictadura de Franco. Alegando la “sostenibilidad financiera y viabilidad futura de la Seguridad Social” (y además, el refuerzo los sistemas complementarios), se retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años para la mayoría de los trabajadores; se aumenta el periodo de cómputo a 25 años; el tiempo necesario para poder cobrar el 100% de la pensión aumenta a 37 años (con lo que ello acarrea a los que se jubilen a partir de ahora, sobre todo a los jóvenes, víctimas del desempleo y la precariedad laboral); se endurecen las condiciones para la jubilación parcial. El propio Ministerio de Trabajo cifra la reducción del gasto en pensiones en 35.000 millones de euros y añade que eso permitirá cumplir el compromiso de recorte al que el Gobierno se comprometió ante la Comisión Europea en su Plan de Ajuste del pasado año.
A todo ello se añade el compromiso de negociar el régimen de clases pasivas de la Función Pública y el acuerdo con la patronal sobre “criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva”. (Y ahora Gobierno y patronal hablan de la necesidad de acabar con la ultractividad de los convenios).
También vimos como el 3 de febrero, en Madrid, el Acuerdo recibió el beneplácito de la canciller alemana Angela Merkel (los bancos alemanes están entre los principales acreedores de la deuda de España), quien a continuación planteó la necesidad de que se apruebe el "Plan de competitividad" que ella y Sarkozy presentarán en el Consejo Europeo de marzo; un plan que da prioridad absoluta al pago de la deuda del rescate de las entidades financieras e incluye, entre otras cosas, la “constitucionalización” de la prohibición los déficit públicos y la desvinculación de los aumentos salariales de la inflación, para pasar depender de “la competitividad”.

La asamblea de afiliados se reafirma en la tradicional posición de la UGT sobre las pensiones: deben responder a la exigencia de una jubilación digna para todos y no a intereses espurios ni depender de parámetros o expectativas inciertas. Creemos, como ugetistas, que las pensiones y las demás conquistas sociales hay que defenderlas con decisión e intentar mejorarlas en lo que se pueda.

Preocupándonos mucho todo lo anterior, no nos preocupa menos actitud adoptada los representantes de la UGT (también los de CC OO.) en el “Dialogo Social”, cuyo fruto es este Acuerdo. Se no dice que “a pesar de recientes desencuentros” la situación actual “exigía redoblar los esfuerzos de todos para recomponer el Diálogo Social”. Es de dominio público que el Gobierno había amenazado con imponer sus medidas por decreto, que había declarado que no iba a ceder nada en lo fundamental y que sólo accedía a negociar con los sindicatos algunos aspectos menores con la finalidad de asociarlos a su aplicación, ¿Qué clase de “negociación” es ésta?
El ASE afirma que “es necesario reforzar los cimientos de la economía, con el propósito de ampliar su capacidad de crecimiento de riqueza, mediante la aplicación de medidas en distintos campos, en las que se realice una aportación equilibrada de los diferentes colectivos de la población española” y apela a “la imprescindible colaboración de todos para mejorar nuestra capacidad de crecimiento, para aumentar la competitividad de las empresas españolas y para reforzar la cohesión social y recuperar la credibilidad de los inversores nacionales e internacionales”. ¿Qué “aportación equilibrada” es ésta? ¿A qué se llama “cohesión social”? ¿Cómo podemos aceptar que nuestros derechos y conquistas sean sacrificados para recuperar la “credibilidad” de lo “inversores”, es decir de los bancos y los grandes especuladores? Bancos, multinacionales y especuladores sin escrúpulos que, mediante el chantaje directo o a través de la agencias de notación y de instituciones como el FMI y la UE, dictan su política a los gobiernos democráticamente elegidos, como el de Zapatero, que vulnerando sus promesas y el mandato de sus electores aceptan someterse a ellos. ¿En qué lugar deja esto a la democracia representativa? ¿Puede la UGT hacer suya la política de la claudicación, la política del “mal menor”?
Parece como si el Diálogo Social fuera un fin en sí mismo al que hay sacrificar los derechos de los trabajadores y los instrumentos para la defensa de esos derechos, empezando por los sindicatos de clase. La UGT nació en el conflicto entre el capital y el trabajo asalariado precisamente para la defensa de los intereses específicos de los asalariados, sus intereses de clase; esta es su razón de ser, su responsabilidad permanente y es la que debe determinar su acción sindical en la negociación, en la huelga y en todas sus actividades cotidianas. Para ello debe mantener su independencia y su compromiso con los trabajadores. Todas las encuestan reflejan un rechazo mayoritario del Acuerdo por la sociedad en su conjunto; en el caso de los trabajadores y los jóvenes este rechazo es abrumador. ¿En qué condiciones deja eso a nuestro sindicato? ¿Con qué crédito puede contar si en un futuro próximo, ante nuevos ataques, tuviera que llamar a la movilización? Ya vimos que la huelga del 29S, sin ser un fracaso, no fue como las anteriores huelgas generales; ¿se podría ahora convocar otra huelga general?
Desde los Pactos de la Moncloa se ha perdido mucho en comparación con lo que se ha conseguido. Ahora nos enfrentamos a una vasta ofensiva del capital financiero, de ámbito no sólo nacional sino también europeo y mundial, para crear las condiciones que le permitan la recuperación des sus beneficios, mermados por la crisis de la que sólo él es culpable; esta ofensiva está lejos de haber concluido. Los trabajadores necesitan más que nunca a sus sindicatos para que los defiendan y para recuperar todo lo que se ha perdido; necesitan confiar en que sus organizaciones no claudicaran ante la presión de intereses ajenos y hostiles a los de los asalariados.
La UGT debe estar a la altura de este desafío y para ello todas sus instancias organizativas y todos sus afiliados deben poder deliberar ampliamente sobre el ASE, sobre los principios rectores de nuestras actividad sindical y sobre todo lo que está en juego; es precisa la más amplia democracia en nuestra organización, en el marco el respeto de sus Principios, sus Estatutos y las decisiones de sus Congresos. Los vigentes estatutos nos reconocen a todos los afiliados el derecho a la información sobre los acuerdos y resoluciones adoptadas por los órganos de decisión, dirección y control y, en general, sobre todas aquellas cuestiones que afecten a la vida interna del Sindicato y a su actividad externa; también reconocen el derecho a la discusión y la crítica de todas las posiciones políticas propias y ajenas de modo leal y responsable, “con los límites del respeto a la dignidad de la personas, así como a las resoluciones y acuerdos adoptados democráticamente por los órganos del Sindicato en el marco de sus competencias” (Art. 70).

Constamos a este respecto que los órganos confedérales, al aceptar la firma del ASE, han vulnerado abiertamente lo decidido en el 39º Congreso Confederal —a propuesta de la delegación Madrid—, a saber, no aceptar un incremento de los años de cotización para el cálculo de las pensiones porque, —se decía entonces con toda razón— supondría un recorte de las cuantías a las que tienen derecho los trabajadores pasivos.
Ante esta vulneración de los Estatutos, en el caso de que el Comité Confederal no rectifique lo firmado en el ASE, solicitamos por los cauces regulares que se convoque un CONGRESO CONFEDERAL EXTRAORDINARIO, por ser el congreso el órgano supremo decisorio de la UGT y el único que puede derogar regularmente lo decidido por otro congreso.
Según el art. 32 de los Estatutos, el Confederal tiene competencias para “deliberar sobre la política general de UGT y definir la misma en el marco de las resoluciones de sus congresos”. No obstante, algún compañero ha alegado que este órgano estaría de alguna manera facultado para derogar la vigencia de una resolución del Congreso si concurrieran razones de extraordinaria y urgente necesidad. Aun sin entrar en qué disposición estatutaria —suponiendo que exista— podría dar pie a deducir esta supuesta facultad derogatoria, cabe preguntarse: ¿Necesidad extraordinaria, urgencia para quién? ¿Para los trabajadores, que necesitarían con urgencia que les recorten sus derechos?; ¿Para la UGT y sus afiliados, que también son trabajadores? Es absurdo siquiera suponerlo. La “necesidad” (acaso urgente, pero no extraordinaria) la tienen los otros, nuestros enemigos de clase.
Creemos que la convocatoria extraordinaria de una congreso confederal, más allá del punto concreto que la motiva y ampliando su orden del día, puede y debe ser la ocasión de abrir el debate en profundidad que la UGT necesita, desde las asambleas de afiliados a los órganos de dirección, que culmine en la realización y las resoluciones del congreso; un debate que nos permita dotarnos de una línea ajustada a nuestros principios y nuestra tradiciones, recuperar así la confianza de los trabajadores, incorporar a afiliados que no participan habitualmente en la actividad de las secciones y estar en las mejores condiciones posibles para afrontar las luchas venideras.

La asamblea de Torrespaña de la sección sindical de UGT en RTVE encarga a la Ejecutiva de la sección que tramite la petición de Congreso Extraordinario por los cauces regulares, que de a conocer esta resolución a los otros afiliados y que nos haga llegar las deliberaciones y resoluciones de otras asambleas y órganos sobre esta petición, los demás temas aquí tratados y otros que considere importantes.